Resumen: La Sala desestima el recurso contra la desestimación de la pretensión de compensación económica por motivo de la pandemia. Ya se dijo con anterioridad que la resolución recurrida ni tenía vocación de permanencia, ni servía de fundamento para una pluralidad de actos de ejecución durante un lapso de tiempo determinado o indeterminado, sino que se agotaba con una sola aplicación. La orden contemplaba una vía compensatoria que sus destinatarias podrían o no obtener en la medida en que cumplieran las condiciones allí contempladas. Ante la presencia de situaciones excepcionales e imprevisibles, como sucedió con la pandemia del COVID-19, se adoptaron medidas excepcionales para evitar el perjuicio que a las concesionarias les produjo la notable reducción de los desplazamientos de la población. Y la excepcionalidad de la medida compensatoria debe examinarse con hondo carácter restrictivo. En este caso, la condición de beneficiaria se excepcionaba para concesionarias que hubieran tenido acceso a determinados instrumentos financieros en determinadas condiciones, aun cuando no se hubiera suscrito finalmente.
Resumen: La Sala desestima la reclamación instada y ello a la vista de la STC que declaró la nulidad del estado de alarma, y que no determinaba por ello indemnización. Indica que el Gobierno de Navarra si que es responsable de las medidas que adoptó, por tanto tiene legitimación pasiva. Califica la solicitud de responsabilidad patrimonial del Estado administración, indica que no existió fuerza mayor, pero razona que las medidas a las que se atribuyen los daños deben reputarse necesarias, razonables y proporcionadas lo que determina la exclusión de la antijuridicidad y la consiguiente obligación de soportar los daños por parte del demandante y que por otro lado tampoco hay individualización del daño producido, al afectar a toda la sociedad.
Resumen: Se estima que concurre la causa económica: se reconoce la legitimidad de la empresa para defender sus intereses, destacando la importancia de la negociación y la flexibilidad para preservar el empleo, cumpliéndose los requisitos formales del procedimiento, proporcionando la documentación necesaria, cuentas anuales y datos fiscales y se consideran más realistas los datos contables y fiscales aportados por la empresa; las pérdidas se extienden a la empresa en su conjunto y en concreto a los 4 centros afectados, teniendo las siguientes pérdidas respectivas en 2022 y de 01 a 05-23, la Escuela Infantil Señor Don Gato 55.398, 85 y 24.107, 74 €, la Escuela Infantil Tesoros 35.419, 61 y 8.169, 02 €, la Escuela Infantil La Mimosa 81.533, 36 y 481, 97 € y la Escuela Infantil Colorín Colorado 11,404.18 y 7.428, 56 € y aunque no hubo pérdidas en los mismos periodos en otros centros ello no sirvió para compensar el global de pérdidas; la Inspección de Trabajo confirma el cumplimiento de las formalidades en el periodo de consultas y la justificación de la causa económica; las subidas de precios en alimentos y suministros y el aumento salarial por la actualización del convenio, han afectado la capacidad de la empresa para afrontar los contratos con la Administración, habiendo la empresa propuesto la revisión de contratos a la Administración Pública antes de tomar la medida suspensiva infructuosamente y; existió voluntad negociadora aunque no se alcanzara un acuerdo.
Resumen: La Sala comienza indicando las Sentencias del Tribunal Constitucional y su proyección en la Responsabilidad Patrimonial objeto de este proceso., anulación del estado de alarma. Que tiene legitimación del Gobierno de Navarra para ser demandado en este proceso. Desgrana los requisitos de la responsabilidad por estado legislador. Que no hay fuerza mayor. Y en cuanto a la relación de causalidad y el daño antijurídico, que las medidas a las que se atribuyen los daños deben reputarse necesarias, razonables y proporcionadas lo que determina la exclusión de la antijuridicidad y la consiguiente obligación de soportar los daños por parte del demandante. Añadiendo por último que el daño no es individualizado.
